La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, tiene por objeto regular el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias. El procedimiento administrativo se rige por los principios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad, tutela judicial efectiva y proporcionalidad.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, se aplica a los procedimientos que se inicien a partir del 2 de octubre de 2015.
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