El capítulo Disposiciones Adicionales de la Constitución Española de 1978 regula aspectos específicos de la vida nacional como el papel de la Iglesia Católica, el uso del castellano como lengua oficial, la protección de los monumentos nacionales, entre otros. Estas disposiciones adicionales tienen el mismo valor jurídico que los artículos constitucionales y, por lo tanto, son igualmente vinculantes para todos los poderes públicos
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