La Ley 29/98 establece la jurisdicción contencioso-administrativa para el examen de las cuestiones que se relacionan con la administración pública. Esta Ley se aplica a todos los órganos de la administración pública, incluidos los tribunales y los juzgados. La Ley 29/98 se divide en tres partes: la primera parte establece los principios generales de la jurisdicción contencioso-administrativa, la segunda parte establece las normas específicas para el ejercicio de esta jurisdicción y la tercera parte establece las disposiciones finales.
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